Marea Blanca convoca a la ciudadanía malagueña a una concentración en defensa de la sanidad pública el 26 de enero a las 12h. en la Plaza de la Constitución
En nota de prensa enviada a medios junto a la convocatoria se añade «El deterioro de la sanidad pública andaluza, esa red de seguridad de la que muchas personas no podemos permitirnos carecer, ha sido una constante desde el inicio de la crisis y más concretamente desde que se impusieron los recortes presupuestarios destinados, supuestamente a disminuir el gasto público y que restaron temerariamente inversión en tecnología y recambio de infraestructuras, aumentaron las listas de espera, expulsaron a población de la cobertura e incrementaron los copagos, entre otros efectos adversos. Estos recortes aplicados, la mayoría nunca revertidos o solo revertidos parcial e insuficientemente, nos han traído a la actual situación de empobrecimiento de los servicios sanitarios públicos. La deficiente dotación presupuestaria de la sanidad andaluza, que nos ha convertido en la cuarta peor financiada por habitante y año del estado español, tampoco es ajena a esta situación agónica en que nos encontramos.
La equidad que el sistema sanitario público garantiza se está viendo comprometida por la política de externalización de servicios y la concertación de servicios sanitarios en clínicas privadas, que tiene indudablemente repercusiones sobre la asistencia y supone una importante precarización de las profesionales que trabajan en estas unidades privatizadas. Esta política sanitaria que ya fue iniciada por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía y en la que el actual gobierno de coalición ha profundizado y ampliado, nos ha conducido a un incremento sin parangón de la sanidad privada en nuestra provincia que ya cuenta, por ejemplo, con la mayor dotación de camas hospitalarias privadas, 2132 concretamente, del total de camas privadas de la Comunidad Autónoma Andaluza mientras la provincia de Málaga se coloca a la cola de Andalucía en lo que se refiere a la ratio de camas públicas por 10.000 habitantes. Se externalizan pruebas complementarias de laboratorio mientras se reducen estas plantillas del Hospital Clínico y el Regional en más de un 22% y 40% respectivamente. La política de no contratación de bajas y la no renovación de contratos ha supuesto la pérdida de un importante número de empleos públicos en Málaga, que es la provincia que más plazas sanitarias de todas las categorías ha perdido de Andalucía. La política sanitaria de la Junta ha supuesto, de hecho, en toda Andalucía y en la provincia de Málaga en concreto, una ingente descapitalización de lo público y una importante capitalización de la privada, nuestra perdida es indudablemente su ganancia. El aseguramiento privado de bajo coste que tapa los huecos dejados por la pérdida de lo público y que se benefician de los puntos flacos del sistema sanitario perpetuándolos e incrementándolos, no es ajena a los grupos de presión de la industria sanitaria ni a las puertas giratorias de nuestros gestores públicos.
Prácticas como el copago farmacéutico, la negativa a la cobertura sanitaria de los familiares de inmigrantes que se encuentren en España por reagrupación familiar, la excesiva ambigüedad del texto relativo a la universalidad de los derechos sanitarios, así como la introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria hacen que persistan situaciones de exclusión, cuestionando en la practica el carácter de universalidad proclamado por nuestra sanidad pública.
El colapso de las urgencias, cuyas primeras y principales víctimas son las personas más vulnerables, son el síntoma más evidente de la debilidad estructural del sistema sanitario público, fruto de la política de pauperización seguida desde la Junta de Andalucía. Se ha condenado a la impotencia a nuestros servicios de urgencias que ya son incapaces de responder en aquellas situaciones que les exigen más de lo habitual. Esta compleja situación, que se nos hace a todos evidente y que no se solucionara solo sumando efectivos en estas unidades, supone retrasos y demoras intolerables para aquellos pacientes que se encuentran en una situación de emergencia vital. Como consecuencia del colapso temporal y la saturación casi permanente de estos servicios se produce una mayor mortalidad, se multiplican los errores, aumenta el gasto sanitario y los profesionales se ven inmersos en una situación que les desborda con demasiada frecuencia, lo que cronifica el estrés que padecen y termina generando una importante perdida en la calidad asistencial prestada a los pacientes. Se precisa una adecuada inversión en educación sanitaria, unidades de apoyo al diagnóstico, políticas de prevención y protección de la salud y por supuesto la dotación suficiente de recursos y personal para atención primaria que ayude a solucionar esta situación.
La fortaleza de la atención primaria mejora los resultados de salud para la población. En el momento actual asistimos a un deterioro importante de los servicios de atención primaria que tienen una gran repercusión en la salud de la población y el resto del sistema sanitario público. La falta de contrataciones supone, además de la sobrecarga del personal sanitario, la merma de servicios (visitas domiciliarias y programas de salud suspendidos) que dejan de prestarse para cubrir los puestos no sustituidos. La falta de tiempo por consulta impide la correcta atención clínica que incluye la información, la educación sanitaria, la atención centrada en las personas y el establecimiento de la imprescindible relación de confianza profesional-paciente. La precariedad de los contratos (de corta duración) supone la falta de continuidad en la personalización de la asistencia, de especial relevancia en personas mayores y en las que sufren enfermedades crónicas. La falta de recursos humanos en los centros de salud alarga la espera para conseguir cita para la atención en consultas retrasando los procesos diagnósticos y los tratamientos adecuados para resolver los problemas de salud. El deterioro de la atención primaria repercute negativamente en el resto del sistema sanitario público (uso inadecuado de las urgencias, derivaciones a consultas hospitalarias) y se ceba con la población más vulnerable.»