- El veredicto cierra el caso con penas menores y más de 30 absueltos.
- El juicio estuvo marcado por la participación del comisario Villarejo en la causa.
- El fallo del Tribunal recoge una multa y una inhabilitación de cinco meses para el ex –alcalde, Antonio Barrientos.
Hace unos días la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga dio a conocer la Sentencia del denominado caso Astapa, que ha dejado la causa reducida a la mínima expresión, con penas menores y más de 30 absueltos. La sentencia, de más de tres mil folios, resuelve 18 años después del inicio del caso, las responsabilidades de alrededor de 40 encausados, en un procedimiento que suma un total de 784 tomos y más de 350.000 folios. El veredicto constata que no se ha producido perjuicio alguno para el Ayuntamiento de Estepona y descarta que hubiese infravaloración en los convenios urbanísticos firmados por el Consistorio entre los años 2003-2008, que era la base en la que se sustentaba esta causa.
El inicio del caso
Esta causa se inició en noviembre del año 2006, tras una denuncia presentada en la sede de la UDEF en Madrid, por los concejales David Valadez y Cristina Rodríguez. La misma se apoyaba fundamentalmente en una supuesta infravaloración de los convenios urbanísticos que se estaban llevando a cabo en el Ayuntamiento de Estepona; para ello los denunciantes se basaron en un supuesto informe que había realizado la empresa Codelsa. Sin embargo, durante el juicio, se pudo constatar que ese informe nunca existió. Además, lo que se aportó, dice el Tribunal sobre este asunto “eran unos papeles sin autor conocido, sin firma, sin fecha, ni sello, que no tenían soporte documental, ni contenían razonamiento alguno para llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento de Estepona estaba infravalorando sus convenios”. También se ha comprobado que esos papeles, fueron introducidos de manera ilícita en la causa y posteriormente fueron manipulados por la policía, como dijo en el juicio, el afamado Catedrático, Moreno Catena. Además, los magistrados admitieron que no saben cuándo, ni quién, incorporó esos papeles al procedimiento y señalan que contienen errores groseros.
El juicio
Pues bien, tras una larguísima instrucción—que de manera inaudita se mantuvo en secreto casi diez años—con más de 100 personas investigadas, el juicio comenzó en enero del 2023, con más de 40 procesados. Debido al volumen del procedimiento—784 tomos y más de 350.000 folios— el Tribunal decidió dividirlo en 10 bloques para facilitar el desarrollo del juicio, que ha durado más de año y medio, y en el que han declarado cientos de testigos, entre técnicos, peritos, juristas, funcionarios, empresarios, etc. En el mismo se analizaron hechos ocurridos hace más de veinte años, se anularon las escuchas telefónicas por ser ilegales y se cayeron la mayoría de las acusaciones que mantenía la Fiscalía. Tanto es así, que el propio Ministerio Fiscal reconoció en su escrito final que no se había probado que en la negociación de los convenios urbanísticos los responsables municipales antepusieran el interés de las promotoras al del municipio, ni tampoco que fueran ilícitas las aportaciones económicas que las promotoras realizaron para eventos deportivos, culturales o sociales que eran promovidos desde el ayuntamiento.
Los comisarios Villarejo y Olivera y los agentes de la UDEF.
Durante el juicio se ha podido conocer que el comisario Olivera (jefe de la UDEF), el comisario Villarejo y algunos agentes de la UDEF iniciaron la investigación del caso Astapa de manera irregular. A este respecto, el propio Valadez reconoció durante el juicio que el comisario Olivera lo puso en contacto con el policía nº de placa 78.777, de nombre Miguel Ángel Cuevas, y que con el mismo había intercambiado “cientos” de emails, entre marzo y noviembre de 2006, es decir, antes de poner la denuncia, cuando ello es absolutamente ilegal. También, durante el juicio, el comisario Villarejo declaró como testigo, revelando que recomendó a Diego de Lucas Villarrubia para la Gerencia de urbanismo de Estepona, que el caso estalló por razones políticas y que mantuvo diversas reuniones con David Valadez. Además, el comisario corroboró su participación en este caso, indicando que realizó trabajos de inteligencia durante meses y que actuó siempre como “agente encubierto”. También reveló que mantuvo reuniones con el jefe y el equipo de la UDEF que llevaba la investigación del caso. Del mismo modo reconoció haberse reunido con numerosos investigados tanto en Estepona como en Madrid, cuando la causa estaba bajo secreto, algo absolutamente irregular. Pero es que encima, Villarejo no figuraba oficialmente como investigador en este caso, ya que no consta en ninguno de los oficios e informes policiales que se emitieron y que se enviaron al juzgado. Tampoco sus notas informativas figuran en el procedimiento. Por tanto, esa investigación irregular se llevó a cabo sin control judicial.
Igualmente, la participación irregular de Villarejo en astapa ha quedado acreditada en el juicio por varios testigos, entre otros muchos, por la conocida periodista de investigación, Patricia López, por los audios que se pudieron oír en Sala y por las anotaciones en los diarios del comisario.
La sentencia
A nadie se le escapa que este caso se desinfló hace tiempo y nada tenía que ver con lo que en un principio se creyó. Prueba de ello, es que el propio M. Fiscal—en su escrito definitivo—rebajó de manera considerable la petición de penas a todos los procesados, reconoció que se habían producido unas dilaciones indebidas extraordinarias y retiró toda petición de indemnización a los procesados, ya que durante el juicio se había demostrado que no hubo ningún daño económico al Ayuntamiento de Estepona y tampoco había otros perjudicados en esta causa.
Así, el veredicto—leído el pasado viernes en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga y que llega 18 años después de que comenzara la investigación— no recoge ni una sola pena efectiva de cárcel, absuelve a más de 30 encausados y dictamina penas menores para el resto (multas y pequeñas suspensiones temporales de empleo o cargo público). Tras conocer la sentencia, el ex-alcalde, Antonio Barrientos, ha manifestado que ha quedado claro que este caso ha sido “una aberración y una infamia”, indicando que el veredicto muestra que todos los convenios urbanísticos puestos en entredicho eran legales: “ha quedado patente que el Ayuntamiento siempre actuó en defensa de lo público, que se actuó conforme a la ley y que no ha habido perjuicio para las arcas municipales”. Además, señaló que haciendo un símil “me habían condenado al paredón y después de todo lo ocurrido, alguna colleja le tenían que dar al alcalde”, asegurando que la sanción impuesta “es por recibir algún regalo por razón de mi cargo, no por haber hecho una actuación injusta”, y aunque sea pequeña la recurrirá porque su actuación “siempre fue impecable”.