El Ayuntamiento de Benalmádena ha dado traslado a la Fiscalía del contrato de mantenimiento de zonas verdes adjudicado en marzo de 2022 por la anterior corporación a la UTE formada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal, por un importe de 15,1 millones de euros. El Tribunal Supremo anuló recientemente el contrato tras confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio la razón a las mercantiles Integra y Talher, quienes presentaron recurso contencioso-administrativo cuando se realizó la adjudicación.
La adjudicación se aprobó en su momento con el voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, Joaquín Villazón, como presidente de la mesa de contratación, a pesar de la posición contraria tanto de la secretaria de la misma como del interventor municipal. El conflicto surgió por el criterio utilizado para el cómputo del porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, uno de los factores de valoración en la licitación. El interventor municipal mostró su acuerdo con el argumento contrario e incluso propuso la posibilidad de solicitar un informe jurídico al respecto, pero finalmente se optó por someter la decisión a votación.
El TSJA concluye en su sentencia que la interpretación «literal o gramatical» del pliego no dice nada sobre ese criterio para efectuar el cómputo basado en el porcentaje de participación en la UTE. Según los magistrados, este fue simplemente un parecer defendido por el presidente de la mesa.
Tras la sentencia, el actual equipo de Gobierno, con Juan Antonio Lara a la cabeza, procedió a anular el contrato con FCC y a realizar una nueva valoración, en la línea de lo marcado por la Justicia. Como resultado, la UTE Integra y Talher resultó adjudicataria y ya opera en el municipio. Sin embargo, estas empresas han reclamado al Ayuntamiento una indemnización de 666.845,77 euros por la parte del contrato que no pudieron ejecutar al haberlo hecho de manera indebida otra contratista.
El Ayuntamiento de Benalmádena ha presentado la denuncia para que la Fiscalía investigue lo sucedido y, en su caso, depure las responsabilidades penales que puedan derivarse de la adjudicación.
