El alcalde de Estepona pide en la FEMP diferir la entrada en vigor de la Ley de Residuos para no estrangular más a los ayuntamientos

Estepona ha acogido hoy la celebración de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El alcalde de la localidad y vicepresidente primero de la FEMP, José María García Urbano, ha manifestado en este órgano la petición para diferir la entrada en vigor de la Ley de Residuos para “no estrangular aún más las cuentas municipales de los ayuntamientos”. Así, ha indicado que “los Ayuntamientos y Diputaciones estamos a favor de la protección medioambiental pero la Ley de Residuos llega sin dar solución al problema económico que se genera para las Entidades Locales”.
En este sentido, ha insistido en que los “cambios legislativos deben llevar aparejado un cambio de financiación para no perjudicar las ya maltrechas cuentas municipales y no suponer una carga realmente insostenible”. En el caso concreto de la Ley de Residuos, el regidor y vicepresidente de la FEMP estima que puede suponer un gasto adicional para los Gobiernos Locales del 1% de su presupuesto global; en el caso concreto de Estepona, esto supondría un millón de euros.
García Urbano ha señalado que “el chicle presupuestario municipal no puede estirarse más” ya que los ayuntamientos “estamos haciendo frente a un agujero económico consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la plusvalía municipal; el incremento de los precios de los suministros, especialmente la subida desmesurada de la factura de la luz; así como el alza del precio de los materiales que está provocando tener que revisar los precios de los contratos”.
“Cualquier nueva normativa, como la Ley de Residuos, que venga a agravar esta situación -si no viene acompañada de financiación para los Gobiernos Locales- va a ser realmente inasumible” advierte Garcia Urbano, quien denuncia que el Gobierno central “sigue incumpliendo el compromiso de convocar la Comisión Nacional de Administración Local antes de final de año, en cuyo seno se deben debatir todos estos asuntos”.
Por otro lado, ha reiterado la necesidad de una moratoria de la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que el Gobierno aún no ha publicado el Reglamento que desarrolla esta normativa y sin el que los ayuntamientos “difícilmente pueden redactar las ordenanzas municipales para su implantación”.
Asimismo, ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya “vetado en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado todas las enmiendas de la FEMP al respecto”. Unas enmiendas que son “unánimes, sin carga ideológica alguna y que representan al 100% de los españoles y, por ello, cuesta entender que no se incluyan en los Presupuestos dejando en la estacada a millones de españoles, especialmente a los más vulnerables que necesitan de la ayuda de sus Ayuntamientos para llegar a final de mes”.