El Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) ha superado el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz y continuará su tramitación en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La norma actualiza un marco regulatorio que llevaba más de tres lustros sin revisarse de forma integral desde la aprobación de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
El texto, articulado en nueve títulos y casi doscientos artículos, incorpora principios como el de no regresión ambiental, prevención, precaución, sostenibilidad, proporcionalidad, quien contamina paga y transparencia. El proyecto ha contado con aportaciones de administraciones públicas, colegios profesionales, entidades sociales y empresas, además de la participación de UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía en el marco del Pacto de Diálogo Social.
Entre las novedades figura la elaboración de una planificación estratégica de referencia para Andalucía y la creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente, un órgano que sustituirá al actual con mayor representatividad de administraciones, agentes sociales, sector económico, entidades locales y organizaciones ambientales. También se establece un Registro de personas interesadas en los procedimientos ambientales para facilitar la participación pública.
La ley introduce una nueva licencia ambiental que sustituirá a la calificación ambiental municipal, integrando en un único procedimiento la evaluación de los efectos ambientales de una actividad. Los plazos de tramitación se reducen con tiempos máximos establecidos para todas las figuras de prevención ambiental. Se actualizan los procedimientos de evaluación de impacto ordinaria y simplificada, y se moderniza la regulación de emisiones atmosféricas, contaminación acústica y lumínica, residuos y calidad del suelo.
El proyecto actualiza instrumentos de ecoinnovación y economía circular como EMAS, ECOLABEL y el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. En materia sancionadora, introduce la prestación ambiental sustitutoria, que permitirá sustituir determinadas sanciones económicas por acciones de restauración, conservación o educación ambiental con cuantía equivalente o superior a la sanción.