Frente Amplio incluye en su programa para Málaga la ampliación del Cercanías desde Fuengirola hasta Marbella y Estepona como primera actuación de un corredor ferroviario litoral de doble vía electrificada entre San Roque y Almería, que conectaría Algeciras, Marbella, Málaga, Vélez-Málaga, Motril, El Ejido y Almería. La formación presenta diez medidas agrupadas en cuatro prioridades: vivienda, movilidad, derechos sociales y cesta de la compra, y plantea impulsarlas desde el Gobierno de España con inversiones, plazos y responsabilidades compartidas con la Junta, la Diputación y los ayuntamientos.
En movilidad propone, además, extender la conexión ferroviaria por la costa oriental hasta Nerja y mejorar el Cercanías C2 del Guadalhorce con más frecuencias, una parada en el Parque Tecnológico y servicio hasta Fuente de Piedra. Se compromete a adoptar en los primeros 100 días de Gobierno las decisiones para activar la tramitación, los estudios pendientes y un calendario público de ejecución. Plantea un estudio para recuperar la AP-7 para la gestión pública mediante el rescate de la concesión y, mientras tanto, bonificaciones para trabajadores y usuarios habituales de la Costa del Sol. Propone también un Pacto por la Movilidad Metropolitana con el Gobierno, la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, que incluye ampliar el metro hacia el Parque Tecnológico, el Hospital Civil y Rincón de la Victoria y reforzar los autobuses interurbanos.
En vivienda, el programa prevé destinar el 1,2 % del PIB a vivienda pública dentro de un plan estatal de 125.000 viviendas anuales, con lo que el parque público de Málaga se triplicaría en una legislatura, y un Plan Provincial de Promoción de Vivienda Pública. Propone una ley de expropiación de viviendas a grandes propietarios corporativos, que se aplicaría primero a quienes tengan más de 1.000 viviendas, después a más de 700 y por último a más de 50, para recuperar 15.000 viviendas en la provincia, junto con un impuesto del 10 % contra la acumulación especulativa. Sobre los pisos turísticos, cita más de 45.000 viviendas anunciadas en plataformas en Málaga según el INE y cerca de 89.000 inscripciones en el registro turístico andaluz, y plantea frenar nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, extinguir sus licencias en edificios residenciales en un máximo de tres años, aplicar un IVA del 21 %, recargos en el IBI de hasta el 150 % y una tasa a las estancias turísticas destinada a vivienda.
En derechos, propone una financiación sanitaria del 8 % del PIB con al menos el 25 % para atención primaria, una inversión educativa del 7 % del PIB en 2030 y una aportación estatal a la dependencia de al menos el 50 %. Defiende la revalorización de las pensiones con el IPC; en Málaga se abonan más de 300.000 pensiones contributivas y la pensión media pasó de unos 991 euros en 2022 a unos 1.255 en septiembre de 2026. Plantea un salario mínimo de al menos el 60 % del salario medio y una jornada de 32 horas semanales sin reducción salarial.
En la cesta de la compra, propone precios máximos de alimentos básicos en emergencia o abuso acreditado, un gravamen a beneficios excesivos de la cadena alimentaria, una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por menor de 18 años y comedor escolar público gratuito en Infantil y Primaria. En energía, una tarifa social de oficio, la prohibición de cortes a hogares vulnerables y subvenciones del 85 % al 95 % para la climatización y eficiencia de los hogares del plan estatal.
