La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales publica dos resoluciones para someterlas a trámite de audiencia que establecen rangos de numeración específicos y diferenciados para las llamadas comerciales y de atención al cliente. El nuevo rango de numeración para las llamadas comerciales tendrá nueve dígitos y comenzará con el prefijo 400, lo que permitirá a los usuarios identificarlas claramente y decidir si desean atenderlas.
La segunda resolución establece que las llamadas de atención al cliente sólo podrán efectuarse desde los números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos (800 y 900) o los números geográficos. Cuando la nueva numeración esté plenamente operativa, los operadores bloquearán las llamadas que identifiquen como comerciales y de atención al cliente y que no están utilizando la numeración establecida.
Las resoluciones dan cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre de 2025, y tienen como objetivo reforzar la protección de los usuarios frente a las llamadas y SMS comerciales fraudulentos o no deseados. La numeración será bidireccional, de manera que los clientes podrán recibir y realizar llamadas, y el coste no podrá superar el de una llamada normal.
La Ley SAC establece la obligación de renovar cada dos años los consentimientos otorgados por el usuario para recibir llamadas comerciales. Asimismo, considerará nulos los contratos efectuados en llamadas comerciales realizadas sin consentimiento previo.
La Orden Ministerial contra las estafas de suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas o envío de SMS, que entró en vigor en marzo de 2025, ya atribuyó los rangos 800 y 900 para llamadas de atención al cliente y prohibió utilizar numeración móvil. La resolución actual concreta de manera expresa los rangos de numeración que pueden utilizar estas llamadas.
Desde la puesta en marcha del Plan Antiestafas telefónicas y por SMS en marzo de 2025, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 169,5 millones de llamadas y 10,4 millones de SMS con intenciones fraudulentas. Las medidas complementan este plan para proteger a la ciudadanía contra estafas telefónicas y llamadas comerciales no deseadas.