EQUO ha alertado del impacto humano y medioambiental que supondría la aprobación del proyecto de ley impulsado el pasado viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy y que da alas a la técnica de fractura hidráulica (fracking) en detrimento de las energías renovables. Para el co-portavoz federal de EQUO, Juan López de Uralde, “el proyecto demuestra la subordinación del Gobierno a los intereses del oligopolio energético. Es inconcebible que en España no se aproveche el sol y el viento y se apueste por métodos altamente contaminantes y peligrosos para la salud de la ciudadanía”.
El “fracking” consiste en la extracción de gas en yacimientos no convencionales mediante la inyección de agua mezclada con sustancias químicas, algunas de ellas tóxicas y cancerígenas, según los expertos. La técnica se realiza en terrenos poco porosos y permeables, lo que incrementa notablemente los costes económicos y ambientales. EQUO ha alertado de los riesgos que ello entraña: durante el proceso de extracción aumenta la probabilidad de terremotos y la contaminación del aire y los acuíferos. Ello supone un daño irreparable sobre los ecosistemas naturales y sobre la calidad de vida de las poblaciones cercanas, dado que afecta al suministro de agua dulce. A dichos afectos hay que sumar el impacto paisajístico y la corta vida de cada pozo (entre 5 o 7 años), que obliga a realizar continuas perforaciones.
Por otra parte, EQUO ha denunciado la total opacidad con la que se han realizado las concesiones a las empresas energéticas, algunas de ellas en zonas naturales del norte y litoral de España, o en el Parque Nacional de Doñana. EQUO comprende la gran oposición popular que han suscitado estos proyectos y apoya a plataformas ciudadanas como la Asamblea contra la Fractura Hidráulica y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. El Gobierno justifica el Proyecto de Ley por la supuesta rentabilidad y la generación de empleo. Sin embargo, las experiencias en EEUU demuestran que tan sólo se generan 4,25 puestos de trabajo por cada pozo, generándose además un intenso debate en torno al impacto ambiental del “fracking”, que está obligando a la Administración a replantear los proyectos. Por otra parte, diversos países europeos (Francia, Bulgaria, Irlanda, Rumanía, Reino Unido, Chequia, o algunos estados alemanes) ya están prohibiendo o limitando el uso de esta técnica de extracción de gas.