El Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación LGTBI de Inserta Andalucía ha realizado un total de 256 intervenciones a lo largo de 2019 en la Comunidad. La iniciativa, financiada a través de la casilla solidaria del IRPF, destaca como servicio pionero en la región. A través de este, se ofrece apoyo jurídico y psicológico mediante el número de teléfono 955 14 12 78 así como otras vías de comunicación. El servicio es anónimo, confidencial y gratuito, y está disponible 24 horas.
Entre las principales causas atendidas por el servicio destaca la discriminación del colectivo en su propio entorno familiar, laboral y social. También, la exclusión burocrática con la que se encuentra el colectivo a la hora de realizar gestiones relacionadas con trámites como el cambio de DNI, tarjeta sanitaria y documentación en centros educativos para personas trans. El servicio ha acompañado durante sus intervenciones a personas con ideas autolíticas ─autolesiones e intentos de suicidios ─, concretamente personas trans, debido a la discriminación crónica que padecen.
Respecto al número de personas atendidas, los hombres representan el 80% de las personas que han hecho uso del servicio, frente al 20% de mujeres. De las vías de comunicación ofrecidas para asistir a las víctimas, el teléfono es el canal más empleado por parte de las personas en Andalucía (59%), frente a los correos electrónicos (26%) y las redes sociales (14%). Del total de personas atendidas, el 33% pertenece al grupo poblacional del que se desconoce su procedencia ─por las características del servicio─ frente al resto, compuesto por Granada, con un 30%, Sevilla, 11% y Málaga, 10%.
El servicio se puso en marcha en el año 2019, para ello se realizó diversas actividades previas relacionadas con el programa, como la creación de un protocolo de actuación y la difusión de la iniciativa. A partir del mes de agosto, mes de puesta en marcha del servicio, el número de personas atendidas fue incrementándose considerablemente. Tras el desarrollo del primer año del servicio y analizando los resultados, se estima que el número de atenciones para este año 2020 aumentará considerablemente.
Entre las principales conclusiones que se substraen del análisis del servicio están las dificultades sociales y administrativas que enfrentan las personas LGTBI en Andalucía así como la interiorización del malestar que supone sufrir discriminación por pertenecer al colectivo. Tras las intervenciones, se percibe un desconocimiento generalizado por parte de la población andaluza con respecto a los derechos obtenidos para el colectivo en la región.
En este sentido, es necesario aumentar la inversión social en programas preventivos y de asesoramiento integral de las personas LGTBI víctimas de discriminación. Es necesario seguir visibilizando los derechos obtenidos mediante la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, ante la administración y actores y agentes sociales para una integración plena y efectiva de la misma.
Igualmente, es importante invertir en formación destinada al funcionariado de las administraciones, con el objetivo de reducir casos de discriminación en las gestiones burocráticas a las que se enfrentan las víctimas en su día a día por pertenecer al colectivo.